Los reclamos constantes de varios sectores productivos y de servicios por deudas impagas del sector público en todos sus niveles de gobierno, central, departamental y municipal, está generando mucha susceptibilidad en el sector privado sobre la real capacidad de pago de dichas obligaciones contraídas con los proveedores, o al menos sobre la capacidad en el manejo de la deuda pública interna y externa

La deuda externa según informe del Ministerio de Economía y Finanzas alcanzó hasta agosto del pasado año los 10.700 millones de dólares, equivalente a ¼ del Producto Interno Bruto, mientras que la deuda pública interna a octubre del mismo año llegó a casi 6 mil millones de dólares, por lo que el total de la deuda constituye el 40% del PIB Nacional, es decir que los bolivianos debemos cerca de 1.700 dólares per cápita.

Sin embargo, el problema de la deuda más allá de su cuantía, radica en su control y manejo, una deuda a largo plazo invertida en infraestructura vial y de comunicaciones es una deuda redituable, sin embargo, las deudas de corto plazo para financiar gasto público o una burocracia sobre dimensionada puede ser altamente toxica, aunque en muchos casos pueda ser urgente y necesaria. Como toda deuda pública debe estar respaldada con la capacidad de pago de la economía del deudor, es decir con la generación de producción y su capacidad de recaudación fiscal, por tanto, la incapacidad de pago está asociada con un abultado déficit fiscal, la devaluación de la moneda y una consecuente inflación, situación a la que esperamos no llegar.

El Programa Financiero 2020 firmado la semana pasada por los Ministros de Economía, de Planificación y el Presidente del Banco Central establecen metas ambiciosas para una economía frágil y deficitaria como la boliviana, sin embargo son metas razonables en la medida que se concreten los ajustes fiscales necesarios para reducir el gasto y aumentar los ingresos vía la exportación y una mayor formalización de los actores económicos, recuperando la institucionalidad en las entidades claves del Estado y generando condiciones para mayor productividad en los sectores con mayor potencial de desarrollo.

El problema de la deuda pública es una cuestión de confianza por lo que su calificación está asociada al riesgo país, por tanto, quienes nos prestan dinero, sean estos gobiernos, organismos financieros multilaterales o bancos privados internacionales, evalúan la calificación de la deuda para ver que tan riesgoso es colocar recursos en Bolivia y en función de ello fijan tasas y condiciones.

Sin embargo, los proveedores nacionales de productos y servicios a las entidades del gobierno, que son naturalmente los principales contratantes, no tienen muchas opciones de elección y terminan provisionando al Estado de bienes y servicios en las condiciones y formas que la burocracia establece, esto además de sujetarse de forma casi forzada -como es bien consabido- a las comisiones y retribuciones que conlleva cada contratación pública.

En las últimas semanas hemos sido testigos del clamor y el peregrinar del sector constructor boliviano al que el Estado le adeuda cerca de 150 millones de dólares deuda en mora que deviene del pasado año y que hasta hoy no tiene cierta la fecha de pago, siendo que estas empresas han pagado impuestos sobre la facturación de sus avances de obra y han cumplido con el resto de sus obligaciones sociales hasta fines del pasado año, en muchos casos generando deudas de corto plazo con sus proveedores y con la banca.

Según informes de la Cámara de Construcción de Santa Cruz, la tasa de crecimiento del PIB de la construcción al tercer trimestre del año 2019 se habría contraído en más del 50% respecto al primer trimestre del mismo año, esto originado por menor inversión pública en nuevos proyectos e incumplimiento de obligaciones que en muchos casos han obligado a la paralización de las obras en curso.

El problema de la deuda interna al sector de la construcción, uno de los sectores más dinamizadores de la economía responsable del 10% del empleo en el país y que involucra al menos a una quincena de otros sectores productivos, es que la demora en los pagos alcanza a proveedores de la industria del cemento, importadores de fierro y acero, maquinaria, asfalto, proveedores de agregados y otros. Esta cadena de incumplimientos también alcanza a proveedores de servicio de transporte y aduanas. Todos esperamos que en breve se restituya la confianza en la capacidad de pago del Estado.

Lic. Antonio Rocha Gallardo

PRESIDENTE CNDA