Ha sido muy grato y esperanzador ver al Presidente del Estado reunido con los empresarios en el acto inaugural de la Feria Multisectorial más grande de Sudamérica, la Expocruz 2022, y más grato aun escuchar al Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Fexpocruz en un discurso propositivo, franco y predispuesto al diálogo y el trabajo conjunto Estado-Privado. Lo mismo debemos decir del discurso del Presidente Luis Arce, que además de resaltar los buenos indicadores de crecimiento, baja inflación, reducción del desempleo y disminución de la pobreza, dio señales de acercamiento al empresariado a quien invitó a trabajar en objetivos comunes de bienestar para la economía y el pueblo boliviano.

Es destacable en el mensaje -lo suficientemente claro como para no dejar espacio a la duda- que estamos frente a un Estado empresario, enfatizando su rol como tal, en la sustitución de importaciones. La reactivación de empresas como la planta de amoniaco y urea y la planta de litio, le ha dado impulso a nuevos proyectos como las plantas de fertilizantes, biodiesel, de aceites vegetales, de fármacos y otras. Todas estas empresas son necesarias y tienen un alto potencial de desarrollo tanto en el mercado local como en el internacional, siendo áreas atractivas para la inversión nacional y extranjera con experiencia en estos sectores.

Estas inversiones proyectadas en nuevas plantas que sobre pasarán los 2.100 millones de dólares (según PGE reformulado del 2022), al ser encaradas por un Estado deficitario con empresas estatales deficitarias o con rendimientos sobre patrimonio (ROE) mínimos, es de suponer que tengan su fuente de financiamiento en mayor deuda externa o interna, puesto que los ingresos por tributos y los ingresos por operación del sector hidrocarburos y del litio, se compensan con el actual nivel de gasto público y la subvención a los combustibles. De hecho, lo más probable es que la fuente del capital de inversión pública siga siendo el Banco Central o deuda bilateral con China o Rusia.

¿Está bien que el Estado invierta en empresas de bienes o servicios?. Empecemos diciendo que toda inversión es buena en sí misma, pues permite transformar el recurso monetario en producción y empleo que incrementa la oferta. El Estado por supuesto que debe invertir donde hay ausencia de inversión del sector privado en sectores, productos o servicios de interés social o por seguridad nacional, generalmente estas áreas corresponden a la infraestructura, servicios básicos, salud, educación, seguridad y sectores trasversales críticos como energía eléctrica, puertos, aeropuertos, hidrocarburos y recursos hídricos. El resto de inversiones en otros sectores de consumo ordinario puede resultar inoficiosas cuando hay carencia de inversión del Estado en los sectores estratégicos.

El mayor problema del Estado-Empresa es su control desde la inversión, más aún cuando no hay mecanismos de transparencia efectivos que garanticen la asignación correcta de los recursos y eliminen cualquier posibilidad de corrupción en la contratación y la operación. Esto sin contar que todo proyecto de inversión público o privado debe estar sustentado en su factibilidad económica, técnica y medioambiental, desde su localización respecto a su materia prima y el mercado al que debe abastecer, hasta su acceso a canales de logística y distribución. No es posible justificar la inversión solo desde la demanda aparente o real, sino que, además, debe estar sustentada desde la generación de una oferta competitiva, de otra forma el proyecto estará condenado a su insostenibilidad. No se puede sustituir importaciones baratas por producción cara, esto solo alienta el contrabando y mal asigna recursos.

¿Cómo se debe alentar la inversión privada en sectores donde el Estado requiere producción?. La promoción de inversiones no es algo nuevo para los países en desarrollo, supone primero el establecimiento de políticas y regulaciones de largo plazo sobre el acceso a recursos estratégicos, los derechos y cargas fiscales, las políticas laborales y las restricciones medioambientales y a partir de ello, establecer mecanismos de incentivo a la inversión privada nacional y extranjera.

Por otra parte, el capital de inversión requiere ante todo seguridad jurídica y condiciones imparciales de resolución de controversias, en el caso del capital extranjero de órganos arbitrales internacionales y en el caso del capital nacional de un sistema judicial probo e imparcial. Es igual de indispensable un sistema institucional público eficiente y transparente, donde las reglas funcionen para todos sin necesidad de favores ni prebendas, tanto en los ámbitos municipal, departamental y nacional.

Finalmente debemos destacar el rol de nuestra feria internacional en el reencuentro de los todos los bolivianos que llegan en Septiembre a Santa Cruz, incluyendo a nuestros gobernantes que bajan desde los 3600 m.s.n.m. al llano oriental y nos dan esperanzas de un futuro mejor basado en un trabajo compartido. El Estado-Empresa y la Empresa privada pueden convivir, basados en reglas claras, con transparencia y buena gobernanza, pues al final todos tenemos objetivos comunes y nos compromete una Bolivia con mayor crecimiento, más equidad y menos pobreza.

Lic. Antonio Rocha Gallardo

PRESIDENTE CNDA