Un consejo de un buen amigo es invalorable, mejor aún si ese buen amigo es tu padre, pues lleva consigo su experiencia y sabiduría, pero además lleva el amor que solo contiene la verdadera amistad, es por esto que  “quien bien te aconseja el bien te quiere”.

No es precisamente el caso de los consejos de los economistas, analistas, de los hacedores de política económica, los estadistas y los puramente aficionados de la economía como el suscrito, quienes podemos darnos el lujo de aconsejar medidas de política fiscal, tributaria, monetaria, comercial y hasta de desarrollo humano basados en nuestra propia lectura de la realidad y enmarcados en nuestros propios dogmas, valores y principios que sin duda pueden no ser coincidentes con los de una buena parte de la sociedad.

Conscientes que podemos tener visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo económico que el país requiere, nos tomaremos la libertad de opinar a propósito de los consejos del ex Vicepresidente del Estado Plurinacional referente a ampliar la base de contribuyentes del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y la creación de un nuevo impuesto a las exportaciones no tradicionales de origen agropecuario.

Conceptualmente todo impuesto constituye una contribución obligatoria del ciudadano al Estado por lo que posee (impuesto a la propiedad), por lo que percibe como salario u honorario (impuesto al ingreso) y por lo que renta o gana (impuesto a la utilidad), este último aplicado a las personas jurídicas (empresas). Esta contribución al Estado se destina a solventar los gastos que demanda la misma ciudadanía en seguridad, justicia, salud, educación, servicios básicos, infraestructura, representación política, gestión de gobierno y la administración pública.

En Bolivia, un país eminentemente rentista de los sectores hidrocarburos y minerales, dos terceras partes de sus ingresos provienen de estas regalías y menos de una tercera parte viene de los impuestos que paga la economía formal (empresas y trabajadores), el setenta por ciento que corresponde al sector informal conformado por gremiales, cocaleros, trabajadores por cuenta propia, contrabandistas de autos y ropa usada, etc, no tributan absolutamente nada, pero reciben beneficios subsidiados por quienes conforman la economía formal agobiada por la presión fiscal.

Ante esta realidad incuestionable, no es fácil encontrar la racionalidad sobre la que se podría plantear un incremento de la base de contribuyentes del IGF y un nuevo impuesto a las exportaciones agropecuarias, sabiendo que la consecuencia lógica e inmediata de ello es la reducción de la formalidad. En este indeseable escenario futuro se reduciría el ahorro en el sistema financiero y con ello la capacidad de inversión en créditos productivos hipotecarios e industriales, esto sin contar la fuga de capital que provocaría tal medida. Por el lado del gravamen a la exportación, que sigue la fracasada receta argentina, el ingreso fiscal será el equivalente a la caída de ingresos del pequeño y mediano agricultor, pues ni la agroindustria ni las Trading globales asumirán ese costo, simplemente lo trasladarán.

El mayor problema de un posible impuesto ciego a la exportación es de la volatilidad de los precios de los commodities, ya que a precios muy altos puede ser soportable la carga fiscal, pero a precios normales o muy bajos, cualquier impuesto adicional deja por fuera del mercado al producto y más aún al producto boliviano que debe soportar costos logísticos y de transporte que representan en promedio entre el 25% y 30% del precio en el mercado internacional. De hecho, cualquier impuesto a la exportación de un producto va en contra ruta a las políticas en la mayoría de los países que promueven sus exportaciones neutralizándola de impuestos y más bien generando incentivos para su incremento y diversificación.

Acaso no es más racional recuperar los más de 600 millones de dólares anuales que no pagan los delincuentes contrabandistas de autos y ropa usada, o ampliar la base de contribuyentes del Régimen General con los ciudadanos que viven camuflados en el Régimen Simplificado, el Régimen Unificado del Transporte o el Régimen Agropecuario Unificado, con lo cual se podría fácilmente duplicar los ingresos tributarios actuales a por lo menos 15 mil millones de dólares que representarían un 35% del PIB, una meta deseable para cualquier economía formal.

Aumentar los impuestos a unos pocos contribuyentes o a la única actividad económica basada en recursos renovables y con gran proyección de crecimiento no solo es un mal consejo, creo que es atentatorio al mismo desarrollo económico del país.

Lic. Antonio Rocha Gallardo

PRESIDENTE CNDA